El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a la difícil tarea de pactar una amnistía para los líderes del proceso independentista catalán a fin de obtener apoyo parlamentario. Sin embargo, la estrategia de llevar a cabo las negociaciones de manera opaca en el extranjero y bajo la supervisión de un verificador internacional anónimo genera más incertidumbre que confianza ciudadana.

El encuentro planificado entre el PSOE y Junts para dar continuidad al acuerdo firmado el 9 de noviembre ha levantado polémica debido a la falta de transparencia que lo rodea. A pesar de que la proposición de ley de amnistía se presentó con claridad y detalle, y los asuntos a negociar están contenidos en el pacto ya hecho público, el secretismo en torno a los siguientes pasos es desconcertante.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no confirmó la ubicación de la reunión, lo que generó especulación sobre si se llevará a cabo en Ginebra o en otro lugar. Además, la figura del verificador internacional, impuesta por Junts, ha suscitado interrogantes sobre su identidad y su papel. Si bien es común recurrir a personas o entidades en negociaciones complejas para evitar malentendidos y dar fe de los compromisos, en este caso, parece utilizarse para cuestionar la credibilidad del PSOE y, por extensión, del Estado.
El número tres del PSOE, Santos Cerdán, ha descrito el encuentro como una reunión rutinaria entre partidos. Sin embargo, los partidos españoles con representación en el Parlamento y responsabilidades institucionales no necesitan celebrar reuniones en el extranjero para asuntos de este tipo. Esta falta de transparencia va en contra de los principios democráticos, donde la forma es igual de importante que el fondo, y la transparencia es esencial para el buen funcionamiento de la democracia.
Aunque las negociaciones se centren en un pacto político ya público, las discusiones secretas alimentan las especulaciones y socavan la confianza en el proceso. Si bien es cierto que todas las negociaciones requieren cierto grado de discreción, es fundamental recordar que los acuerdos se aplican en nombre de todos los ciudadanos a través de las instituciones democráticas.
Es innegable que el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha evitado la acción de la justicia española al vivir en el extranjero. Sin embargo, la escenificación de estas negociaciones parece equiparar a su partido con una organización clandestina en el exilio, lo cual es absurdo para una formación legal. Si bien la estrategia de Junts puede entenderse desde la perspectiva del nacionalismo, el Partido Socialista necesita un relato democrático que sea comprensible y aceptable para toda España.
Independientemente de las diferencias políticas entre PSOE y Junts, la opacidad en estas negociaciones no ayuda a fomentar la confianza ciudadana. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares esenciales de la democracia, y las instituciones deben funcionar de manera abierta y accesible para todos los ciudadanos.
En resumen, el secretismo en torno a las negociaciones políticas entre PSOE y Junts con la intervención de un verificador internacional anónimo y en el extranjero es contraproducente y socava la confianza en el proceso democrático. A medida que estas discusiones avanzan, es esencial que se priorice la transparencia y se respeten los principios fundamentales de la democracia, asegurando que los acuerdos sean comprendidos y aceptados por todos los ciudadanos.