En un contexto de debate sobre el plurilingüismo en la educación, una reciente sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Alicante ha generado gran interés. Esta sentencia desestimó el recurso interpuesto por la madre de una alumna del IES Torrevigía de Torrevieja, que buscaba impugnar la resolución de la Conselleria de Educación que autorizaba el uso del valenciano como lengua vehicular en un 25,8% de las clases en este centro educativo. Este caso ha puesto de manifiesto el choque entre la legalidad establecida por la Ley 4/2018 de plurilingüismo en la Comunidad Valenciana y la percepción de la realidad en Torrevieja y su zona circundante.
Desarrollo
El magistrado que dictó la sentencia basó su decisión en la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), argumentando que el proyecto del IES Torrevigía cumple con la legalidad vigente. La Ley 4/2018 establece que en zonas castellanohablantes, como Torrevieja, al menos el 25% de las asignaturas deben impartirse en valenciano. Desde la perspectiva legal, este porcentaje es el mínimo requerido.
Sin embargo, la madre demandante sostenía que en Torrevieja no se habla valenciano y que la imposición de esta lengua en el centro escolar no refleja la realidad lingüística de la zona. Argumentaba que la mayoría de los centros educativos en la Vega Baja son castellanohablantes, y que la imposición del valenciano supone un perjuicio desproporcionado para los alumnos. A pesar de estas alegaciones, el juzgado concluyó que la demanda no especificaba ninguna ilegalidad en el acto administrativo impugnado.
Implementación del Plurilingüismo
La sentencia en el caso del IES Torrevigía plantea cuestiones fundamentales sobre la implementación del plurilingüismo en zonas castellanohablantes. Por un lado, refuerza la legalidad de la ley de Plurilingüismo, que busca promover el conocimiento y uso de las dos lenguas cooficiales, castellano y valenciano. Desde esta perspectiva, el fallo judicial apoya la diversidad lingüística y cultural de la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, también pone de manifiesto la brecha entre la normativa legal y la realidad social y lingüística de Torrevieja. La percepción de que el valenciano no se utiliza en la vida cotidiana en esta área es un factor importante a considerar. La madre demandante y otros opositores al proyecto lingüístico del IES Torrevigía argumentan que la administración autonómica no está respetando la voluntad de los padres y alumnos.
¿Qué nos depara el Futuro?
Este caso plantea preguntas importantes para el futuro. ¿Debería ajustarse la legislación para reflejar más fielmente las realidades lingüísticas locales? ¿Qué papel juega la percepción pública en la aplicación de políticas educativas? ¿Puede haber un equilibrio entre la promoción del plurilingüismo y el respeto por las preferencias de las comunidades educativas?
La decisión del actual Consell de la Generalitat Valenciana de derogar la ley de Plurilingüismo añade un elemento adicional a este debate en curso. El próximo mes de enero se anuncia como el momento en que se llevará a cabo esta derogación. Esto plantea interrogantes sobre el futuro de la educación plurilingüe en la Comunidad Valenciana y cómo se equilibrará la legalidad con la realidad.
Conclusión
La sentencia en el caso del IES Torrevigía es un reflejo de los desafíos que enfrenta la implementación del plurilingüismo en zonas castellanohablantes. A medida que esta cuestión continúa siendo objeto de debate, será esencial encontrar un equilibrio que respete tanto la legalidad como las realidades locales y las preferencias de las comunidades educativas. El futuro de la educación plurilingüe en la Comunidad Valenciana dependerá en gran medida de cómo se aborden estas cuestiones en los próximos meses y años.