La tensión entre el Ministerio del Interior y las fuerzas policiales de España ha alcanzado un punto crítico. Policías y guardias civiles planean manifestarse contra el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por incumplir una promesa clave: la amnistía para los agentes implicados en los eventos del referéndum del 1-O en Cataluña en 2017 y los disturbios de Barcelona en 2019. Esta situación se agrava al no reflejarse esta promesa en las enmiendas de la futura Ley de Amnistía, generando un clima de máxima tensión en ambos cuerpos.
Promesa Incumplida: Fuente del descontento
Marlaska, durante una comparecencia ante la Policía Nacional, había asegurado trabajar para evitar que ningún policía implicado en el 1-O enfrentara procedimientos judiciales. Esta afirmación, tomada como un compromiso por los agentes, ha generado una gran expectativa. La reciente revelación de que la futura normativa no incluirá lo prometido ha sido el detonante de la protesta planificada para el 8 de febrero.
Otras cuestiones en juego
Además del asunto de la amnistía, los policías y guardias civiles han expresado su descontento por varios temas, incluyendo la falta de negociación y seguridad jurídica en decisiones recientes del Ministerio del Interior, como la Instrucción 8/2023, que implica una mayor responsabilidad y presión sobre las fuerzas de seguridad en eventos deportivos, sin una compensación adecuada ni formación específica.
Manifestación y demandas amplias
La manifestación no solo se centra en la amnistía. Las fuerzas de seguridad también reclaman mejores condiciones laborales, como la jubilación anticipada con garantías, una jornada laboral de 35 horas, y la reclasificación al grupo B funcionarial. Estas demandas se suman a la insatisfacción general por el incumplimiento del acuerdo de 2018 sobre la equiparación salarial con otras policías autonómicas y locales. La manifestación ha reunido aproximadamente a 6.000 personas, incluyendo a agentes y sus familias, y ha contado con el apoyo de varios partidos políticos.
Conclusión: Una situación delicada
El gobierno español se enfrenta a un desafío significativo. La acumulación de descontento y demandas insatisfechas entre las fuerzas de seguridad del estado representa no solo un problema laboral, sino también un asunto de estabilidad política y confianza en las instituciones gubernamentales. La resolución de esta crisis requerirá de diálogo, negociación y, sobre todo, del cumplimiento de las promesas y compromisos adquiridos.