Introducción de penas severas para la disolución de partidos
El Partido Popular (PP) ha introducido una enmienda significativa a la ley de amnistía propuesta por el PSOE, enfocándose en la disolución de entidades jurídicas que promuevan referéndums ilegales. La enmienda sugiere penas de prisión de entre cinco y diez años, además de inhabilitación para cargos públicos, a aquellos que convoquen consultas fuera de los procedimientos legales de reforma constitucional, especialmente si estas acciones atentan contra la unidad de España.
Reforma del código penal con foco en la deslealtad constitucional
El PP busca incorporar un nuevo capítulo en el Código Penal, denominado “deslealtad constitucional”, que constaría de cuatro artículos (del 544 al 547). Este cambio propone sanciones severas para autoridades o funcionarios que declaren la independencia de una región o promuevan su integración en otro estado, ignorando los procedimientos legales establecidos.
Penas por imprudencia grave y aumento de las sanciones
Bajo esta propuesta, las penas por actos de deslealtad cometidos por imprudencia grave incluirían prisión de uno a tres años y la inhabilitación especial por el mismo periodo. Este enfoque representa un aumento significativo en las penas comparado con las sanciones previas establecidas en el Código Penal de 2003 para las autoridades que convocaban referéndums o consultas populares.
Penalizaciones para actos preparatorios y conspiraciones
El PP también se enfoca en penalizar los actos preparatorios, incluyendo la conspiración y la provocación hacia delitos de deslealtad constitucional. Estas acciones serían sancionadas con penas reducidas en comparación con las del delito principal, oscilando entre un año y tres meses hasta cinco años de cárcel.
Consecuencias para personas jurídicas y colaboración con la justicia
En lo que respecta a las personas jurídicas implicadas en delitos de deslealtad, el PP propone la “pena de disolución”, a menos que colaboren en el esclarecimiento de los hechos antes de la apertura del juicio oral. En casos de colaboración, se sugiere una suspensión de actividades de seis meses a cinco años o multas equivalentes.
Mantenimiento de la integridad del código penal
A pesar de criticar la derogación del delito de sedición y el vaciamiento del Código Penal, el PP no propone reinstaurar dicho delito ni retomar la tipificación anterior de malversación. En cambio, enfatiza la importancia de introducir el nuevo capítulo sobre deslealtad constitucional para llenar los vacíos legales existentes y fortalecer las formas de autoprotección del estado moderno.