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Operación Voloh

La investigación sobre la trama rusa vinculada al proceso independentista catalán, conocida como ‘operación Voloh’, ha sido intensificada por el juez Joaquín Aguirre. Esta indagación se centra en las conexiones entre ciertos individuos clave del movimiento independentista, incluido el entorno de Carles Puigdemont, y personas de nacionalidad rusa, alemana e italiana, algunas de las cuales ocupaban puestos diplomáticos y mantenían relaciones con los servicios secretos rusos. El juez Aguirre ha extendido la investigación por seis meses más debido a la complejidad y la cantidad de documentación pendiente de revisión, lo que añade incertidumbre al contexto de la posible amnistía de Puigdemont

El Gobierno se mantiene firme ante la presión independentista sobre la ley de amnistía


El ejecutivo español, liderado por Pedro Sánchez, ha confirmado que no realizará más modificaciones a la ley de amnistía, a pesar de las presiones de partidos independentistas como Junts y ERC. Estos últimos buscan que se adelante el período cubierto por la amnistía a los actos cometidos desde noviembre de 2011.

España enfrenta estancamiento en la lucha contra la corrupción


España no logra avanzar en el ranking global de transparencia y se mantiene estancada, sin poder recuperar los 65 puntos alcanzados en 2012. Expertos de Transparencia Internacional sugieren que es crucial renovar el Consejo General del Poder Judicial y llevar a cabo reformas institucionales para mejorar la situación.

Renovación de la colaboración entre España y Frontex


España y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) han acordado reanudar sus operaciones conjuntas para combatir la inmigración irregular. Se han establecido planes operativos para dos operaciones en el Mediterráneo occidental y en Canarias para 2024.

Desarticulada una red de venta de cadáveres a universidades


En Valencia, la Policía Nacional ha desmantelado una red delictiva implicada en la venta ilegal de cadáveres a universidades. Cuatro personas fueron detenidas por falsificar documentos y extraer cuerpos de hospitales y residencias, vendiéndolos por 1.200 euros cada uno